Lo que pretendía ser un golpe político desde el centro del país contra la gobernadora Maru Campos, terminó dándole exactamente lo que necesitaba rumbo al complejo tablero político de 2027: victimización, reflectores nacionales y una narrativa de resistencia frente al poder federal. La citación de la Fiscalía General de la República por el caso de la supuesta intervención de agentes de la CIA en territorio chihuahuense no debilitó a la mandataria estatal; por el contrario, la colocó en el centro del debate nacional como una figura confrontada directamente por el aparato político de la llamada Cuarta Transformación.
Y es ahí donde aparece la gran contradicción del régimen.
Porque mientras el gobierno federal exhibe dureza institucional contra una gobernadora de oposición por un operativo donde se destruyó el que sería el narcolaboratorio más grande detectado en la historia reciente de Chihuahua, otros personajes señalados, incluso desde Estados Unidos, reciben protección política absoluta desde Palacio Nacional. El contraste es brutal y políticamente imposible de ocultar.
El caso del gobernador sinaloense Rubén Rocha Moya se ha convertido en símbolo de esa doble moral. Mientras distintos testimonios y versiones provenientes de investigaciones relacionadas con el narcotráfico lo colocan bajo sospecha mediática y política, desde el oficialismo se cierra filas en su defensa. No hay citatorios espectaculares. No hay filtraciones. No hay presión pública. No hay linchamiento político desde las conferencias mañaneras. Hay silencio, protección y contención institucional.
En cambio, con Chihuahua el trato es otro.
La narrativa impulsada desde sectores cercanos a Morena intenta construir la idea de una “violación a la soberanía” estatal por la presunta presencia de agencias estadounidenses en operativos contra el crimen organizado en el municipio de Morelos. Sin embargo, lo verdaderamente delicado para el régimen no parece ser la presencia extranjera, sino el mensaje político detrás del operativo: en una entidad golpeada por años de violencia, sequía, abandono federal y expansión del crimen organizado, el hallazgo de un mega narcolaboratorio deja en evidencia que los grupos criminales operan con niveles industriales en varias regiones del país mientras el gobierno federal insiste diariamente en presumir una estrategia de seguridad “humanista” que claramente no ha contenido el crecimiento del narco.
La 4T abrió un frente político que quizá no calculó del todo. Al citar a declarar a Maru Campos, elevó automáticamente su perfil nacional. La convirtió en tema de conversación. La sacó del ámbito local y la colocó en la narrativa de confrontación entre estados opositores y federación. Y en política, pocas cosas fortalecen más a un gobernante opositor que aparecer como perseguido por el poder central.
Porque en el imaginario colectivo del norte del país existe una sensibilidad histórica muy marcada frente al centralismo. Chihuahua no suele reaccionar bien cuando desde el centro se pretende imponer narrativas, presiones o castigos políticos. La memoria política del estado está llena de episodios donde la confrontación con el poder federal termina fortaleciendo liderazgos regionales. La 4T parece olvidar que el norte no opera políticamente bajo las mismas reglas emocionales que el sur del país.
Además, el episodio deja una pregunta incómoda para Morena: si la colaboración internacional en temas de seguridad es tan condenable, ¿por qué el propio gobierno federal mantiene coordinación permanente con agencias estadounidenses en materia de inteligencia, migración, combate al narcotráfico y lavado de dinero? La hipocresía institucional es evidente. La cooperación existe todos los días, pero se convierte en escándalo únicamente cuando puede utilizarse para golpear políticamente a un adversario.
El problema para Morena es que esta narrativa comienza a desgastarse fuera de su base dura. Cada vez más sectores perciben que la justicia federal se aplica con criterios políticos selectivos. Los opositores son investigados, exhibidos y presionados; los aliados son protegidos incluso bajo sospechas mucho más delicadas. Eso erosiona el discurso moral con el que el obradorismo construyó su legitimidad durante años.
Y mientras todo eso ocurre, Maru Campos gana tiempo, foco mediático y cohesión interna. Incluso sectores críticos de su gobierno han cerrado filas parcialmente frente a lo que consideran una embestida política desproporcionada. La gobernadora entiende perfectamente el momento: aparecer como víctima del centralismo puede convertirse en un activo político enorme rumbo a la sucesión estatal.
Paradójicamente, Morena terminó regalándole a Maru la imagen que más necesitaba: la de una gobernadora enfrentando al poder presidencial en defensa de Chihuahua. Y en política, cuando un adversario te coloca como antagonista principal del sistema, muchas veces te hace más fuerte de lo que eras antes del ataque.
La gran ironía es que la 4T, en su intento por exhibir debilidad institucional en Chihuahua, terminó exhibiendo algo mucho más grave a nivel nacional: la percepción creciente de que en México la justicia ya no se mueve únicamente por criterios legales, sino por conveniencias políticas. Y cuando eso ocurre, el discurso anticorrupción deja de ser una bandera ética para convertirse simplemente en un instrumento de control selectivo del poder.
