El narcolaboratorio de Ejido Ocampo.

La noticia cayó como una bomba en Chihuahua. La Fiscalía General de la República anunció el aseguramiento de un gigantesco narcolaboratorio para la producción de drogas sintéticas en el Ejido Ocampo, prácticamente a las puertas de la capital del estado. No estamos hablando de una instalación improvisada escondida en la profundidad de la sierra. Estamos hablando de una infraestructura criminal ubicada a menos de media hora de la ciudad de Chihuahua, operando en una zona donde desde hace más de dos años se libra una guerra sangrienta entre grupos delictivos.

Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿quién no sabía que esto existía?

Porque una instalación de esta magnitud no aparece de la noche a la mañana. Requiere movimiento constante de personas, transporte de precursores químicos, vigilancia armada, rutas de abastecimiento, logística y protección territorial. En otras palabras, una operación industrial del crimen organizado que difícilmente podría pasar desapercibida para quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad pública.

El hallazgo ocurre apenas semanas después de otro episodio que generó una enorme polémica nacional: la destrucción de un presunto narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos. Aquella operación derivó en un choque político entre la gobernadora Maru Campos y la presidenta Claudia Sheinbaum por la participación de agencias estadounidenses y las versiones que circularon sobre la muerte de agentes vinculados a labores de inteligencia.

La diferencia ahora es evidente. Esta vez no hubo CIA, no hubo DEA y tampoco hubo una confrontación diplomática. Fue el aparato federal quien ejecutó el operativo y aseguró una instalación que, según las autoridades, estaba dedicada a la fabricación de drogas sintéticas.

Sin embargo, el fondo del asunto sigue siendo el mismo: Chihuahua vuelve a exhibir la existencia de estructuras criminales capaces de instalar verdaderas fábricas de droga en su territorio.

Y aquí es donde las explicaciones oficiales comienzan a quedarse cortas.

Durante los últimos años, la región donde fue localizado este laboratorio ha sido escenario de ejecuciones, enfrentamientos armados, desapariciones y disputas por el control del huachicol. La violencia no surgió por casualidad. Los grupos criminales no pelean territorios por romanticismo criminal; pelean por dinero. Mucho dinero. Y ahora queda claro que parte de esa disputa estaba relacionada con instalaciones clandestinas capaces de generar ganancias multimillonarias.

Si la guerra estaba ahí, si los muertos estaban ahí, si los convoyes armados estaban ahí, si los reportes de violencia eran constantes, ¿cómo es posible que un complejo de estas dimensiones haya permanecido operando tan cerca de la capital?

La pregunta no es solamente para las autoridades estatales. También alcanza a las instancias federales, a los organismos de inteligencia, a las corporaciones policiales y a todos aquellos que, en teoría, monitorean la actividad criminal en el estado.

Porque cada vez que aparece un narcolaboratorio de gran escala, el mensaje implícito es preocupante: el crimen organizado logró construir una infraestructura considerable antes de ser detectado.

Más inquietante aún resulta pensar cuántas instalaciones similares podrían seguir operando en otras regiones del estado.

El aseguramiento representa, sin duda, un golpe importante contra las finanzas de la delincuencia organizada. Eso nadie lo discute. Pero el verdadero debate debería centrarse en las razones por las que estas estructuras lograron consolidarse.

Los ciudadanos observan cómo se decomisan toneladas de droga, se destruyen laboratorios y se anuncian operativos espectaculares. Lo que pocas veces reciben son respuestas claras sobre las fallas institucionales que permitieron que esas operaciones criminales crecieran hasta alcanzar dimensiones industriales.

Porque detrás de cada narcolaboratorio descubierto existe una historia previa de omisiones, de inteligencia insuficiente o de incapacidad para anticipar el crecimiento de las organizaciones criminales.

La noticia del Ejido Ocampo no debería celebrarse únicamente como un éxito operativo. También debería encender todas las alarmas sobre la capacidad que ha tenido el crimen organizado para establecer centros de producción a escasos kilómetros de la capital de Chihuahua.

La verdadera pregunta no es quién lo destruyó.

La verdadera pregunta es quién permitió que llegara a existir.