Cruz enfrenta a Morena y al PAN.
En política no existen las casualidades, solo las correlaciones de fuerza. Y lo que hoy ocurre en Chihuahua con la llamada «Ley Anti-Cruz» es una muestra de que la batalla por la gubernatura de 2027 ya comenzó, aunque las campañas oficiales aún parezcan lejanas.
La solicitud de licencia de Cruz Pérez Cuéllar para concentrarse en la búsqueda de la candidatura de Morena representa un movimiento lógico dentro de sus aspiraciones. El alcalde de Ciudad Juárez parte con una importante estructura política y con el respaldo de una ciudad que concentra casi el 40 por ciento del padrón electoral estatal. Sin embargo, su principal obstáculo no está en el PAN ni en la oposición tradicional: está dentro de su propio partido.
La competencia con Andrea Chávez ha dividido a Morena en Chihuahua en dos proyectos claramente definidos. De un lado, un liderazgo construido desde la política local y municipal; del otro, una figura impulsada desde las altas esferas del movimiento nacional que ha sabido posicionarse en la conversación pública y mantener cercanía con la dirigencia federal.
En ese contexto aparece una iniciativa que pretende garantizar la alternancia de género y reservar la próxima candidatura para una mujer. Jurídicamente puede argumentarse como una acción afirmativa para fortalecer la participación femenina; políticamente, muchos la interpretan como una legislación con destinatario específico.
No es casual que en los pasillos del poder ya se le conozca como la «Ley Anti-Cruz».
Porque más allá del discurso de igualdad, el mensaje es evidente: modificar las reglas antes del inicio de la competencia para cerrar el paso a quien hoy aparece como uno de los perfiles masculinos más competitivos de Morena.
El problema no es impulsar la participación de las mujeres, una causa legítima y necesaria en la democracia mexicana. El verdadero debate consiste en preguntarse si las acciones afirmativas deben convertirse en instrumentos para resolver disputas internas entre grupos políticos.
Cuando una reforma parece diseñada para beneficiar a una persona o perjudicar a otra, deja de ser una política pública y comienza a parecer una estrategia electoral con apariencia legislativa.
Paradójicamente, Morena, que durante años denunció los acuerdos de élite y las decisiones cupulares, enfrenta ahora el riesgo de reproducir exactamente las mismas prácticas que criticó. La candidatura podría terminar definiéndose no por la aceptación ciudadana ni por las encuestas, sino por la ingeniería jurídica.
Mientras tanto, el PAN observa el escenario con relativa comodidad. La fragmentación interna de Morena podría convertirse en su mejor aliado. Un partido dividido suele llegar debilitado a las urnas, especialmente cuando sus liderazgos pasan más tiempo confrontándose entre sí que construyendo un proyecto de gobierno.
Para Cruz Pérez Cuéllar, pedir licencia significa entrar de lleno a una contienda donde cada movimiento será examinado y donde la narrativa en su contra ya comenzó a construirse. Si finalmente prospera una disposición que obligue a postular a una mujer, su proyecto político podría quedar fuera no por falta de respaldo ciudadano, sino por una modificación en las reglas del juego.
Y ese precedente sería delicado para la vida democrática de Chihuahua.
Porque las leyes deben servir para ampliar derechos, no para seleccionar candidatos. Deben construirse pensando en el interés público y no en las coyunturas electorales.
Al final, la gran pregunta no será quién ganó la candidatura de Morena, sino si los chihuahuenses presenciaron un ejercicio genuino de equidad de género o una sofisticada operación política disfrazada de justicia electoral.
En democracia, cambiar las reglas siempre es posible. Cambiarlas cuando ya hay jugadores en la cancha es otra historia. Y cuando una reforma recibe el apodo de «Ley Anti-Cruz», es porque la percepción pública ya dictó su propia sentencia.
