• La cumbre panista en CDMX: entre el desmarque de Falomir y la filtración del Altiplano
• Guerra civil en el panismo: la disputa no es por las urnas, sino por el botín azul
• El “S.O.S.” de los regidores: el pánico de Díaz y Martínez tras la caída del exfiscal
Varios de los principales cuadros del panismo chihuahuense coincidieron de manera simultánea en la Ciudad de México en una movida política de alto nivel que encendió las alarmas en el ámbito local. La comitiva informal estuvo integrada por la gobernadora Maru Campos; el edil Marco Bonilla, posicionado como la carta fuerte para la sucesión estatal; la dirigencia que encabeza Daniela Álvarez con la mirada puesta en la contienda por Ciudad Juárez; y Alan Falomir, titular de la JMAS, cuya presencia no pasó desapercibida. Aunque se manejó como un viaje con agendas individuales, el trasfondo operativo apunta a un reordenamiento estratégico en las altas esferas del Comité Ejecutivo Nacional.
Apenas se encendieron las versiones sobre una intentona para amarrar la alcaldía capitalina, el propio Falomir salió al paso a desmentir los rumores, asegurando de forma tajante que no sostuvo reunión alguna con la cúpula panista y que ni siquiera fue convocado a la mesa de negociaciones. Sin embargo, en los pasillos de la política local el desmarque genera más suspicacias que certezas: si su versión es real, significaría que la dirigencia nacional le dio un portazo frío y lo dejó fuera de la jugada desde ahora; pero si únicamente se trata de una maniobra para tapar las formas, el mensaje de fondo es que la candidatura a la presidencia municipal ya quedó completamente “planchada” desde las alturas del CEN.
En un frente paralelo pero directamente vinculado, el impacto institucional del caso Jáuregui tuvo un nuevo capítulo tras la filtración en plataformas digitales de pasajes clave de su comparecencia judicial en el penal del Altiplano. A pesar del carácter reservado de la audiencia, la difusión del material auditivo ratificó la postura de la defensa al rechazar tajantemente el delito de traición a la patria y la presunta autorización de incursiones extranjeras en suelo estatal, abriendo un nuevo ángulo de debate sobre las implicaciones políticas y jurídicas que esta controversia proyecta sobre el mapa electoral de Chihuahua.
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Mientras hacia afuera los discursos oficiales nos venden la clásica narrativa de la “unidad” y la “defensa del estado”, en las tripas del Partido Acción Nacional en Chihuahua la realidad es brutalmente distinta. Que no lo engañen: en este momento los grupos de poder no están preocupados por armar plataformas de gobierno ni por cómo van a retener la gubernatura o la alcaldía en 2027. La verdadera contienda, la que se pelea a navaja limpia en las sombras, es por el control político absoluto de la estructura del PAN local y el reparto del botín presupuestal.
Fuentes bien enteradas en el panismo confirman que el bando de los bautizados como “Los Resentidos” —esa facción alineada incondicionalmente a la figura de César Jáuregui— no va por migajas ni está dispuesto a negociar con moderación. Al contrario: van por el pastel completo. Para ceder o “jalar parejo”, la factura que le están poniendo enfrente a la cúpula es astronómica: exigen amarrar diputaciones federales y locales, regidurías y, por si fuera poco, el control de posiciones estratégicas en el organigrama de las dependencias estatales y municipales. Se venden extraordinariamente caros para lo fracturados que están.
Pero la historia no acaba ahí, porque esta rebelión tiene fondo y, sobre todo, mucho miedo. Al interior del partido corre fuerte el trascendido de que los regidores del Ayuntamiento de Chihuahua, Isaac Díaz y Félix Martínez, andan con el Jesús en la boca y no precisamente por convicción ideológica. La versión en los pasillos del Palacio Municipal es que ambos ediles traen “cola que les pisen” y que esa vulnerabilidad es el verdadero motor que los trae encabezando la revuelta. En pocas palabras: aprietan antes de que los aprieten.
A este frente de resistencia se han sumado otros nombres con kilometraje y cuentas pendientes, articulando una alianza de sobrevivencia política donde figuran Juan Blanco, Mario Vázquez, Geo Bujanda y el “Pony” Lara. Lo curioso de este pintoresco bloque es que varios de sus integrantes arrastran expedientes o expedientillos con procesos penales y administrativos aún abiertos. Lejos de ser una rebelión por la pureza doctrinaria de Gómez Morin, esta trifulca blanquiazul huele más a un pacto de impunidad y a un manotazo desesperado para no quedarse fuera del presupuesto cuando caiga el telón. La lumbre ya les llegó a los aparejos y en el PAN la guerra apenas comienza.
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Tal como se advirtió, la desesperación al interior del frente de “Los Renegados” terminó por romper cualquier recato. La muestra más clara de que la lumbre ya les llegó al cuello la dieron los regidores capitalinos Isaac Díaz y Félix Martínez,quienes salieron a los micrófonos no para proponer nada útil en beneficio de los chihuahuenses, sino para lanzar un abierto y angustiado “S.O.S.” político en favor del exfiscal César Jáuregui, hoy recluido en un penal de máxima seguridad enfrentando cargos por traición a la patria.
Con una narrativa cuidadosamente armada que victimiza al expoderoso fiscal aduciendo que solo se le persigue “por haber combatido al crimen”, Díaz y Martínez llamaron a toda la tropa azul —desde funcionarios de gabinete y alcaldes hasta diputados, senadores y la propia dirigencia del PAN— a hacer un frente común y cerrar filas. El argumento con el que intentan meter miedo a la burocracia estatal es tan transparente como revelador: advierten que guardar silencio sienta un “pésimo precedente” para cualquier otro funcionario que el día de mañana se vea envuelto en problemas con la justicia.Traducido al cristiano: “si a él lo alcanzaron, mañana van por nosotros”.
Más allá del discurso sobre la presunta inocencia y las garantías constitucionales —derechos que, por supuesto, deben respetarse a todo ciudadano en los tribunales—, la sobreactuación de ambos regidores confirma el trasfondo de la revuelta. Isaac Díaz apela a los “años de convicciones compartidas”, pero en los pasillos del Ayuntamiento la lectura es otra muy distinta: la defensa pública de Jáuregui no es una cruzada ideológica ni una muestra de lealtad partidista, sino un escudo preventivo de quienes saben perfectamente que están parados sobre terreno minado.
El intento de acorralar a la dirigencia e involucrar al resto del aparato gubernamental en la defensa legal de un personaje detenido por la FGR expone la verdadera factura de “Los Renegados”. Ante la amenaza de penas que alcanzan los 40 años de prisión y la posibilidad de que se destapen más cloacas, la facción que encabeza la rebelión ha decidido quemar sus naves. Exigen la protección corporativa del PAN porque entienden que, en esta guerra por el control del partido, la impunidad ya no se negocia en privado: se exige a gritos y de cara a las candidaturas de 2027.
