CHIHUAHUA, Chih.- El Gobierno del Estado informó que, desde la creación de la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno en 2022, se han brindado alrededor de 5 mil atenciones integrales a personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia, principalmente en la Sierra Tarahumara, al tiempo que reiteró el llamado a la Federación para asumir un papel más activo en la atención y solución de esta problemática.
Durante una conferencia de prensa, el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón, acompañado por la secretaria técnica de la Comisión, Norma Ledesma, y la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Sara Cárdenas, expuso los avances en la atención a las víctimas y los desafíos que enfrenta el estado para responder a una crisis que, aseguraron, continúa agravándose.
Las autoridades señalaron que Guadalupe y Calvo es el municipio con mayor número de casos de desplazamiento forzado, especialmente en comunidades como Cinco Llagas, seguido por zonas serranas de Madera y Moris, donde la violencia ha obligado a numerosas familias a abandonar sus viviendas.
Sara Cárdenas explicó que, ante la ausencia de un marco legal específico y de un registro federal de personas desplazadas, Chihuahua desarrolló herramientas pioneras para atender la problemática, entre ellas un Estudio de Caracterización del Desplazamiento Forzado, elaborado en coordinación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como un Protocolo de Atención Emergente, considerado único en el país.
Destacó que el protocolo permite brindar apoyo inmediato sin exigir denuncias penales ni requisitos administrativos, ya que basta con que las personas manifiesten, de buena fe, la situación de vulnerabilidad que enfrentan.
Por su parte, Enrique Rascón sostuvo que el desplazamiento no tiene como causa principal actividades como la minería o la tala ilegal, sino la disputa territorial entre grupos del crimen organizado que operan en la región limítrofe de Chihuahua con Sinaloa, Sonora y Durango.
El funcionario afirmó que durante recorridos realizados en comunidades afectadas, como Cinco Llagas, las familias expresaron su deseo de permanecer en sus tierras o regresar a ellas cuando existan condiciones mínimas de seguridad, por lo que el Estado mantiene programas de acompañamiento para garantizar acceso a educación, identidad y otros derechos básicos.
Respecto a la estrategia gubernamental, Rascón explicó que especialistas en materia de gobernabilidad, presupuesto y energía participan como asesores técnicos para fortalecer las acciones de la administración estatal.
Finalmente, reconoció la colaboración de instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero insistió en que la magnitud de la crisis requiere una participación más decidida del Gobierno Federal.
«No estamos hablando de ideologías ni de diferencias políticas; estamos hablando de vidas, de familias, de madres y niños que han tenido que dejarlo todo atrás«, expresó el secretario, al reiterar la petición para que el desplazamiento forzado sea incorporado de manera permanente en la agenda nacional de seguridad y atención social.
