A un año de que se descubrieran las graves irregularidades en el fraccionamiento Monte Xenit, la factura para los chihuahuenses sigue creciendo. El Municipio de Chihuahua ha desembolsado ya 15 millones de pesos para cubrir las rentas de las 32 familias que tuvieron que abandonar sus hogares debido al riesgo que representaba la deficiente construcción de la barda perimetral. Y mientras el dinero público sigue fluyendo para contener la crisis, la pregunta más incómoda permanece sin respuesta: ¿dónde está la responsabilidad de la desarrolladora Dexe S.A. de C.V.?
El secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, asegura que se ha brindado acompañamiento a las familias afectadas y que el fondo de recursos podría ampliarse porque el problema técnico aún no tiene solución definitiva. Lo que no explica el gobierno municipal es por qué son los contribuyentes quienes están pagando las consecuencias de un desastre provocado por particulares.
Porque aquí hay dos verdades imposibles de ocultar.
La primera es que el Municipio de Chihuahua fue la autoridad que autorizó el desarrollo habitacional. Alguien revisó planos, alguien validó estudios técnicos, alguien firmó permisos y alguien certificó que la obra cumplía con las especificaciones necesarias para ser habitada. Si hoy la infraestructura presenta fallas tan graves que obligaron al desalojo de decenas de familias, entonces la responsabilidad no puede recaer únicamente en la empresa constructora.
La segunda verdad es aún más preocupante. Desde el primer momento, la autoridad debió exigir a la desarrolladora que asumiera los costos derivados de sus errores. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario: fue el municipio quien abrió la cartera pública para enfrentar el problema, mientras la empresa responsable observaba desde la barrera sin asumir consecuencias visibles.
Resulta difícil entender cómo una administración municipal que presume eficiencia financiera y rigor administrativo no haya encontrado mecanismos legales para obligar a la desarrolladora a responder de inmediato por los daños ocasionados. Más difícil todavía es explicar por qué han transcurrido doce meses sin que exista una recuperación efectiva de los recursos públicos ya gastados.
Se habla de futuros juicios. Se habla de procedimientos legales. Se habla de que eventualmente se recuperará el dinero. Pero mientras tanto, los millones siguen saliendo de las arcas municipales.
La situación genera sospechas inevitables. ¿Se trata únicamente de negligencia administrativa o existe una relación de privilegio entre la autoridad y los desarrolladores? ¿Por qué tanta consideración hacia una empresa privada cuando se trata de exigir responsabilidades? ¿Por qué la protección parece dirigirse más hacia los responsables que hacia las víctimas?
El caso Monte Xenit no es solamente una historia de ingeniería fallida. Es un caso que exhibe posibles fallas en la supervisión gubernamental, en los procesos de autorización y en la rendición de cuentas. Cada peso destinado a rentas es dinero que deja de invertirse en pavimentación, seguridad, alumbrado o servicios públicos para los ciudadanos.
Y mientras la administración municipal insiste en presentar el gasto como un acto de solidaridad con las familias afectadas, la realidad es que esa solidaridad está siendo financiada por todos los chihuahuenses, no por quienes provocaron el problema.
Por eso la exigencia debe ser clara: transparencia absoluta sobre quién autorizó el desarrollo, quién supervisó la obra, qué funcionarios participaron en el proceso y cuáles serán las acciones concretas para recuperar cada peso del erario.
Porque cuando una empresa privada comete errores y el gobierno termina pagando la cuenta, la ciudadanía tiene derecho a sospechar.
Y cuando esas sospechas no son aclaradas oportunamente, lo que comienza como un problema de construcción termina oliendo peligrosamente a impunidad, tráfico de influencias y corrupción.
Monte Xenit ya se convirtió en un monumento al fracaso de la supervisión gubernamental. Falta saber si también se convertirá en el símbolo de una red de complicidades que nadie quiere tocar.
