La policía llegó cuando terminó todo.
Hay regiones de Chihuahua donde el Estado dejó de gobernar hace mucho tiempo. Este fin de semana quedó demostrado, una vez más, en la carretera que conecta El Mirador con San Francisco de Borja, a la altura de Belisario Domínguez. Ahí no ocurrió un hecho aislado de violencia. Lo que se vivió fue un enfrentamiento de alto poder entre grupos criminales que, de acuerdo con los reportes preliminares, dejó cinco personas muertas, vehículos incendiados y una escena más propia de un campo de batalla que de una carretera estatal.
Lo más grave no fue únicamente el choque entre los grupos armados. Lo verdaderamente escandaloso fue la ausencia del Estado.
Mientras las detonaciones se prolongaban y los habitantes llamaban desesperadamente al 911, ninguna autoridad apareció. Ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni la Policía Estatal, ni las corporaciones municipales de la región respondieron con la oportunidad que una situación de esa magnitud exigía. El auxilio llegó cinco o seis horas después, cuando ya no había nada que impedir. Cuando el fuego había consumido vehículos y cuerpos, y los responsables se habían retirado con absoluta tranquilidad.
¿Cómo puede explicarse que un enfrentamiento de esta dimensión ocurra apenas a unos 65 kilómetros de la ciudad de Chihuahua y ninguna fuerza de seguridad sea capaz de intervenir? La respuesta oficial seguramente hablará de protocolos, de riesgos operativos o de falta de información. Pero para los habitantes de Gran Morelos, Belisario Domínguez, San Francisco de Borja y Nonoava, esas explicaciones hace tiempo dejaron de tener credibilidad.
Ellos viven otra realidad.
Denuncian que el crimen organizado ya no solamente roba vehículos, ganado o maquinaria agrícola. Hoy impone cuotas a productores agrícolas y ganaderos para permitirles trabajar y circular por caminos que deberían ser protegidos por el Estado. La delincuencia cobra impuestos ilegales mientras el gobierno presume estrategias de seguridad.
Más preocupante aún es la percepción que existe entre la población. Muchos habitantes sostienen que la presencia de algunas corporaciones policiales no sirve para combatir a los grupos criminales, sino únicamente para mantener una convivencia cómoda con ellos. Se trata de una acusación sumamente delicada que requiere investigaciones serias, no descalificaciones automáticas. Porque cuando una comunidad pierde la confianza en quienes deben protegerla, el problema deja de ser únicamente de seguridad y se convierte en una crisis institucional.
Esta región lleva años padeciendo secuestros, homicidios, robo de ganado, despojo de maquinaria y ataques contra quienes trabajan el campo. Los enfrentamientos entre organizaciones criminales no son nuevos. Lo nuevo es la normalización de la ausencia gubernamental.
Resulta difícil aceptar que corporaciones equipadas con vehículos blindados, armamento, helicópteros, inteligencia, presupuesto multimillonario y cientos de elementos simplemente desaparezcan cuando más se les necesita. La ciudadanía observa cómo para instalar retenes, realizar operativos mediáticos o escoltar eventos oficiales siempre existen recursos suficientes. Pero cuando los criminales convierten una carretera en zona de guerra, la respuesta institucional parece desvanecerse.
La consecuencia es devastadora. Los ciudadanos quedan convertidos en rehenes de quienes portan las armas ilegales, mientras quienes portan las armas del Estado llegan únicamente para levantar los cadáveres, acordonar la escena y elaborar boletines.
Ninguna estrategia de seguridad puede presumirse exitosa mientras existan comunidades enteras donde la autoridad llega horas después de terminado un enfrentamiento. Ningún discurso oficial puede hablar de recuperación del territorio cuando son los criminales quienes deciden quién circula, quién trabaja y quién paga.
La tragedia ocurrida en esta carretera no debe medirse solamente por el número de muertos. Debe medirse por el tamaño del vacío institucional que dejó al descubierto. Porque cuando un enfrentamiento armado puede desarrollarse durante horas sin que aparezca una sola autoridad, el mensaje es demoledor: el Estado no perdió una batalla, perdió el control.
Y cuando el gobierno deja solos a sus ciudadanos frente al crimen organizado, la impunidad deja de ser una consecuencia. Se convierte en una política de facto.
