La política mexicana suele estar saturada de declaraciones estridentes. Sin embargo, de vez en cuando surge una expresión que rompe la rutina, altera el debate público y obliga a mirar más allá de la coyuntura inmediata. Eso ocurrió este fin de semana cuando la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, difundió un mensaje en redes sociales que rápidamente trascendió las fronteras estatales.
La mandataria afirmó que si Estados Unidos llegara a intervenir en México y si el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) terminara por fracasar, la responsabilidad recaería directamente sobre Morena y el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación. Más aún, utilizó un término que hasta hace poco parecía reservado para los sectores más radicales de la oposición: calificó al gobierno federal como un «narcogobierno».
No se trata de una declaración menor. Tampoco de una crítica convencional entre adversarios políticos. La gravedad de sus palabras obliga a preguntarse qué motivó a la gobernadora a elevar el tono en un momento particularmente delicado para la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
El contexto es imposible de ignorar. La relación entre ambos países atraviesa uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum insiste desde las conferencias mañaneras en transmitir una imagen de estabilidad diplomática y control institucional, desde Washington continúan acumulándose señales de preocupación sobre la expansión del crimen organizado, el tráfico de fentanilo y la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los grupos criminales.
A ello se suman las recientes declaraciones de Donald Trump durante la cumbre del G7, donde aseguró que México ha perdido el control de amplias regiones de su territorio y que son los cárteles quienes ejercen el poder real en diversas zonas del país. Aunque el republicano acostumbra utilizar un lenguaje provocador, sus palabras reflejan una percepción cada vez más extendida dentro de sectores políticos estadounidenses.
Es precisamente en este escenario donde adquieren relevancia las palabras de Maru Campos.
La pregunta central es inevitable: ¿qué información tiene la gobernadora para plantear un escenario tan extremo? Porque una cosa es la crítica política cotidiana y otra muy distinta advertir sobre una posible intervención extranjera o sobre el colapso del principal acuerdo comercial de América del Norte.
La hipótesis de que se trate simplemente de una estrategia para mantenerse vigente en el debate nacional parece insuficiente. Campos conoce perfectamente el alcance de sus declaraciones. Sabe que una gobernadora fronteriza no habla en el vacío. Chihuahua comparte más de 800 kilómetros de frontera con Estados Unidos y cualquier deterioro en la relación bilateral impacta directamente en su economía, en su industria manufacturera y en miles de empleos vinculados al comercio internacional.
Por ello, sus palabras parecen más una advertencia que un posicionamiento electoral.
Lo verdaderamente preocupante es que el gobierno federal no ha logrado disipar las dudas que existen dentro y fuera del país. La narrativa oficial insiste en que todo está bajo control, pero los hechos muestran una realidad mucho más compleja. Los decomisos históricos de droga en territorio estadounidense, la violencia persistente en diversas regiones mexicanas y las crecientes presiones del Congreso norteamericano alimentan un ambiente de desconfianza que difícilmente puede ignorarse.
Mientras tanto, Morena parece confiar en que su enorme fortaleza electoral le permitirá resistir cualquier embate político. Sin embargo, los mercados internacionales, los inversionistas y los socios comerciales no operan bajo la lógica de las encuestas ni de las mañaneras. Operan bajo criterios de certeza jurídica, seguridad y estabilidad institucional.
Si la percepción internacional continúa deteriorándose, el riesgo para México no será solamente político. Será económico. El T-MEC representa uno de los pilares fundamentales del crecimiento nacional y cualquier amenaza sobre su viabilidad tendría consecuencias profundas para millones de mexicanos.
Por eso las declaraciones de Maru Campos no deberían ser desestimadas como un simple episodio de confrontación partidista. Más allá de simpatías o diferencias ideológicas, reflejan una preocupación que comienza a instalarse en diversos sectores del país: la posibilidad de que México esté entrando en una etapa de creciente aislamiento internacional derivado de la incapacidad para contener el avance del crimen organizado.
Quizá la gobernadora exagera. Quizá está anticipando escenarios que nunca ocurrirán. Pero también es posible que esté leyendo señales que el gobierno federal prefiere minimizar.
Y si ese fuera el caso, el problema ya no sería lo que dijo Maru Campos.
El problema sería todo aquello que todavía no se ha dicho.
