La firma de la propia titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, sería utilizada para cometer extorsiones, denuncian las autoridades ante la Fiscalía General de la República (FGR).
El diario Reforma habría tenido acceso a dicha denuncia que refiere a que empresarios y proveedores del Gobierno fueron víctimas de chantaje con documentos que aparentaban ser oficiales con la firma de Buenrostro.
El documento era exhibido a los proveedores como amenaza para consumar la extorsión.
La denuncia penal fue presentada ante la FGR el pasado 6 de agosto por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, Director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.
Esta denuncia explica que tuvieron conocimiento de que una persona, de forma anónima, señaló la existencia de un oficio supuestamente suscrito por Buenrostro y que ella aseveró que no lo había elaborado.
La instrucción que presuntamente daba Buenrostro a sus subalternos en el oficio falsificado decía que existía una orden directa de Ulises Lara, Fiscal Especial de Asuntos Relevantes de la FGR, para investigar a proveedores, pero él renunció el pasado 14 de julio dicha fiscalía.
Según el documento presuntamente apócrifo, se ordenaba que si alguno de los empresarios mencionados se encontraba «en condiciones contrarias a las leyes aplicables en la materia deberá iniciar el procedimiento disciplinario correspondiente dando conocimiento a la FGR para que lo tome en cuenta en la esfera de sus atribuciones».
La Secretaría Anticorrupción advirtió públicamente a finales del mes de junio que identificó intentos de suplantación de identidad de sus servidores públicos con el objetivo de «simular actuaciones oficiales».
